El profesional de la información


Junio 1998

La informacion legislativa en España

Por Ma Fernanda Peset Mancebo

Resumen: Descripción de un proyecto de la biblioteca de la Facultad de Derecho de Valencia que intenta paliar una situación común en las grandes organizaciones: la compra indiscriminada de colecciones del BOE. Dado que la información legislativa no está sujeta a derechos de propiedad intelectual en España, se ha evaluado la posibilidad de ofrecer un servicio restringido en red local. Consiste en suministrar una versión electrónica del BOE del día a texto completo, con el fin de distribuirlo rápidamente y racionalizar globalmente las suscripciones.

Palabras clave: Información legislativa, Política de adquisiciones, Bibliotecas de ciencias sociales, Boletín Oficial del Estado, Publicaciones oficiales, Derecho de propiedad intelectual, Difusión electrónica de información.

Title: Legislative information in Spain. Official Gazette's databases experience at Valencia Law School Library

Abstract: Description of the Valencia Law School Library's project aimed to avoiding a situation that is frequently common in large organizations: the indiscriminate acquisition of copies of the Spanish Official Gazette (Boletín Oficial del Estado, BOE). Considering that legislative information is not covered by intellectual property rights in Spain, the project studied the possibility of offering limited access over the local area network. The aim was to make the full text of the current day's electronic version available, in order to achieve quick distribution and to rationalize the overall subscriptions policy for this title.

Keywords: Legislative information, Acquisition policies, Law libraries, Spanish Official Gazette, Government publications, Intellectual property rights, Electronic dissemination of information.

Maria Fernanda PesetLa importancia de la información legislativa es indudable, no sólo para las unidades documentales dedicadas a las ciencias sociales, sino también para todos los ciudadanos, que tienen el deber de conocerla.

En el ámbito español la obligación de publicar las normas se dispone en el art. 9.3. de la Constitución, complementado con el art. 2.1. del Código Civil, que establece su entrada en vigor a los veinte días de la completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Mediante su edición se produce el suministro de la información normativa en primera instancia, aunque también está cubierta por otros productos: los distribuidos por el organismo oficial del BOE

y los elaborados por parte de editoriales comerciales.

En el primero de los casos tenemos variados soportes para una información similar: edición del BOE en papel, cd-rom, bases de datos online o monografías sobre un tema determinado y otros formatos, como el microfilm, para colecciones retrospectivas.

En segundo lugar, las editoriales comerciales nos ofrecen diversos repertorios, revistas, hojas intercambiables, monografías que recopilan información legislativa, etc. Entre ellas cabe citar Aranzadi, Colex, La-Ley Actualidad, Praxis o Ciss (todas, excepto Aranzadi, absorbidas en los últimos años por el grupo editorial Wolters Kluwer).

Se puede afirmar, pues, que esa información se encuentra suficientemente cubierta, quizá con un exceso de dispersión. Sin embargo el objeto del presente texto no es censar las obras de referencia jurídicas, ni comparar sus servicios de valor añadido o los solapamientos existentes, aunque sería de gran ayuda para la selección de la colección y -en mi opinión- no está suficientemente estudiado desde la perspectiva de las unidades de información.

Nuestro objetivo es describir una experiencia de la biblioteca de la Facultad de Derecho de Valencia comenzada con el fin de paliar una situación muy común en las grandes organizaciones: la compra indiscriminada de colecciones del BOE. Tratamos de reflejar las posibilidades técnicas y legales a la hora de ofrecer un servicio restringido a la red local. En definitiva, se suministraría una versión electrónica del BOE del día a texto completo, con el fin de distribuirlo rápidamente y racionalizar globalmente las suscripciones. Sin embargo, no podemos presentar conclusiones definitivas, puesto que, como más adelante veremos, los productos del BOE están en proceso de cambio y no poseemos la totalidad de los datos económicos.

Marco legal

Jurídicamente esta información no se encuentra sujeta a derechos de propiedad intelectual. El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 establece en su capítulo II las obras a las que afecta -obras y títulos originales, obras modificadas con posterioridad a su creación y colecciones- y las que excluye -art. 13--: "las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores". No obstante esta exclusión explícita, existe una última modificación de la LPI sobre protección jurídica de las bases de datos que afecta al objeto del presente texto.

En ella se incorpora al derecho español la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo (Ley 5/1998, de 6 de marzo, BOE 07-03-1998), donde se sanciona un derecho de propiedad intelectual sui generis a los distribuidores de información electrónica -ver Estrella Ribes, "Propiedad intelectual de bases de datos", IWE v. 7, n. 5, mayo de 1998, p. 31-32-. Su art. 133. "protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido".

Desde entonces se protege el derecho exclusivo del organismo oficial del BOE para autorizar o no cualquier utilización de sus bases de datos, tanto por el trabajo invertido en la conversión de la información a formato consultable, como por los campos que le otorgan un valor añadido, como la vigencia de una disposición.

En nuestra opinión, sin embargo, existirían campos no sujetos a ningún derecho, como el que contiene el texto de la disposición. No obstante es el BOE el que debe autorizar y establecer las tarifas para los diferentes usos de sus bases de datos. En este punto debemos citar lo que ciudadanos -juristas o no- están exigiendo de las autoridades del gobierno a través de la campaña BOE gratis ¡ya!: la distribución gratuita por internet del texto completo de los boletines oficiales:

http://derecho.org/boe/

Se fundamentan en cuatro razones: por una parte la exclusión de esta información en la LPI; por otra, que se trata de un organismo público, subvencionado por todos los ciudadanos; en tercer lugar la constatación de que la edición electrónica no conlleva los costes de la edición en papel; y, por último, que otras administraciones en España ya están ofreciendo sus textos oficiales, incluso en forma de base de datos de valor añadido -p. ej., Lexdata en Valencia-, sin exigir el cobro de estos servicios: País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, según indica el web

http://derecho.org

Proyecto

Independientemente de las razones o resultados de esta campaña, prevemos que de nuestro proyecto se pueden obtener los beneficios citados: la racionalización en la compra de colecciones del BOE en los casos que no se destinen a su conservación, y la rapidez en su difusión, sobre todo para información efímera como oposiciones, becas, ayudas o subvenciones.

En un entorno universitario el BOE se adquiere en tres ámbitos con diferentes objetivos: los servicios administrativos, las áreas de conocimiento y las bibliotecas. Cada uno tiene una vida dependiendo de las necesidades: servicios administrativos y áreas de conocimiento generalmente no los conservarán pasados unos meses, mientras que bibliotecas y áreas de conocimiento del campo de ciencias jurídicas (Facultad de Derecho, Escuela de Relaciones Laborales) suelen mantener la colección.

Pensamos que la descarga del texto completo del BOE del día y mantenimiento en la red local podría evitar la compra no destinada a conservación. La materia prima de la que se partió para descargar el texto fueron las bases de datos online del BOE, que a grandes rasgos contienen: Iberlex (disposiciones generales); Indiboe (sumarios); Publiboe (anuncios oficiales); Indilex (sección III y disposiciones que, por su carácter no general, no se incluyen en Iberlex); y Personal (autoridades y personal). Dado que la biblioteca poseía un identificador para ofrecer un servicio de búsquedas online y que la información ya se encuentra digitalizada consideramos que sería fácil realizar la búsqueda por fecha del día y descargar el campo Texto.

Desde un principio la Facultad se puso en contacto con el organismo oficial del BOE para conocer si era posible realizarlo (puesto que este campo Texto podría no estar sujeto a derechos de propiedad intelectual) y las tarifas que le serían aplicables. Se envió un fax en el que se explicaba el proyecto (colocar el texto completo en la red local) y se solicitaba autorización por escrito de los campos que podía suministrar a sus usuarios.

Caso de no autorizar la distribución automática, quizá la biblioteca podría descargar estos textos y entregarlos al profesor que lo solicite. No obstante, debido a los cambios técnicos y de tarificación a que se encuentra sujeta esta forma de acceso, pensamos que era más beneficioso esperar a su implantación definitiva.

Las primeras pruebas -consulta, descarga, conversión a formato html y colocación en una carpeta del servidor web- se realizaron para estimar los costes económicos y de personal -asumido en esta primera fase por el decanato de la Facultad-, y para realizar una evaluación técnica de las bases de datos.

En un primer momento se utilizó un identificador para su consulta a través de internet, puesto que permitía realizarlo desde cualquier ordenador conectado a la red local de la Universitat. Nuestros objetivos tropezaron, sin embargo, con ciertos "problemas" técnicos imposibles de solucionar: las aplicaciones telnet permiten descargar en un fichero de texto lo que se visualiza en una pantalla, pero cada vez que se completaba era necesario que una persona oprimiera la tecla intro para continuar con la próxima; también se perdían caracteres, se desconectaba repentinamente y la característica lentitud de internet... Por ello se solicitó un identificador para la conexión a través de módem, lo que sumaba el costo de una llamada a Madrid y la dedicación de un número de teléfono.

Con ello fue posible descargar algunos textos, convertirlos en html y visualizarlos (de forma restringida) a través de un navegador. La estimación económica aproximada por conceptos quedó detallada de la siguiente manera:

  1. Coste inicial por identificador: 6.000 pta. aprox. (no incluido en la tabla al ser solicitado para ofrecer un servicio de búsquedas, independiente del proyecto).
  2. Coste por minuto de conexión: 82 pta. aprox.
  3. Coste por descarga (según información telefónica): 500 pta. por cada 5.000 caracteres.
  4. Coste de una llamada interprovincial en horario laboral (abril de 1998, IVA incluido): establecimiento de llamada 19,84 PTA + 33,34 PTA por minuto.
  5. Tiempo dedicado por un técnico de biblioteca en la búsqueda, descarga y conversión a html: 2 horas de descarga y 1 de conversión (no incluido por tratarse de personal fijo).

Tabla I

Concepto Coste Total
2 82 x 120 minutos 9.840
3 31.500(*) / 5.000 x 500 3.150
4 33,34 x 120 + 19,84 4.020,64
Total 17.010,64

(*)Esta cifra corresponde al número de caracteres de la directiva antes citada, siendo simplemente orientativa de lo que puede costar la descarga de una sola disposición.

En cuanto a la valoración técnica, observamos los siguientes problemas:

  • Cortes en la conexión, que, además, obliga cada vez a llamar a Madrid para que "descuelguen" el identificador.
  • Lentitud de la consulta y la descarga, especialmente en horario saturado.
  • Pérdida de caracteres.

Ante esta tesitura nos pusimos en contacto con los servicios técnicos del BOE para conocer las posibles soluciones. Nos informaron entonces de la inminente puesta en marcha de una interfaz de consulta a través de web para anular "la actual forma de acceso y contabilizar" con nuevas tarifas. Vista una demostración en las VI Jornadas catalanas de documentación (octubre de 1997), se solicitó una autorización provisional para su evaluación.

Su valoración en función de nuestros objetivos ha sido realmente alentadora, tanto técnica como informativamente. No sólo se han solucionado totalmente ciertos problemas telemáticos (dificultades del lenguaje de consulta Mistral, la citada pérdida de caracteres o los cortes en la conexión), sino que se han añadido nuevos contenidos.

Ofrecen todas las secciones del BOE (Sección I desde 1968, a texto completo desde 1977; Sección II, III y V desde 1995 y Justicia; Sección IV, desde 1997), pero también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

y las disposiciones del Doce (Serie L y C desde 1968, Serie COM desde 1995. Diarios Oficiales de las Comunidades Europeas 1952-1967). Por otra parte, facilita la redistribución local mediante web, pues la respuesta ya está convertida al lenguaje de edición html.

No obstante debido a los cambios técnicos y de tarificación a que se encuentra sujeta esta forma de acceso, nos apuntaron que sería más conveniente esperar para tomar cualquier decisión.

Conclusiones

Vistos los resultados del proyecto es posible, sin duda, llevarlo a cabo de manera sistemática. No obstante perduran algunos problemas para racionalizar la inversión de tiempo y dinero. Como se ha reflejado de manera aproximada en la tabla I, se trata de un proyecto caro, que sólo se justificaría si la organización decide de forma centralizada poner fin a algunas de las suscripciones.

Otra posibilidad que lo haría más rentable sería limitar la descarga a la información que hemos denominado efímera: becas, concursos, oposiciones... Por descontado, antes de tomar cualquier decisión debemos esperar a que el BOE termine su proceso de cambio en la forma de acceso y publicite sus nuevas tarifas.

Cualquier conclusión en estos momentos sería, por tanto, provisional. Prevemos que la evolución de los acontecimientos modificará la situación actual de las unidades informativas dedicadas al campo de las ciencias jurídicas. De hecho, de manera no oficial, nos informaron de dos proyectos que podrían solucionar, a través del propio BOE, el gasto excesivo por compra de boletines duplicados.

Por un lado, el establecimiento de una figura especial de tarificación, llamada "distribuidor", para las grandes organizaciones sin ánimo de lucro. Y por otro, la oferta de nuevos servicios que permitirían consultar el BOE completo. Prueba de ello es la recepción (30 de abril) de un cd-rom con las imágenes de los BOE de los tres últimos meses (enero, febrero y marzo de 1998) en formato pdf buscable.

Al consultar al BOE la existencia o no de restricciones legales para colocarlo en la red local respondieron que no las había, aunque el cd no está técnicamente preparado para ello. Ahora estamos en fase de pruebas técnicas, aunque, insisto, augura buenas perspectivas, tanto por el producto como por la rapidez en su recepción.

En el primer caso hemos constatado la posibilidad de almacenar y distribuir una versión diaria en una máquina sólo accesible en la red de la Universitat de València. Y, en el segundo, dado que el BOE posee ya la tecnología adecuada, suponemos que no tardará en ofrecer servicios similares al descrito. Así pues, desde una unidad dedicada a la información jurídica albergamos grandes esperanzas de la inminente implementación de los nuevos servicios del organismo oficial del BOE que nos permita tomar una decisión en uno u otro sentido.

Ma Fernanda Peset Mancebo. Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de València.

peset@uv.es

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