El profesional de la información


Marzo 1994

El depósito legal del cd-rom

Por Juan Carlos Fernández Molina

Juan Carlos Fernández-Molina, profesor de la Escuela de Biblioteconomía de GranadaEs de prever que en los próximos meses se plantee en España un debate que ya ha estallado en otros países. ¿Por qué muchos editores de cd-rom no están sometiéndose estrictamente a las normas del Depósito Legal? A petición de IWE, Juan Carlos Fernández-Molina ha redactado un breve informe sobre la situación actual de esta delicada cuestión, que afecta en general a la industria de la información electrónica.

En la gran mayoría de los países occidentales existe una normativa de Depósito Legal que impone a los editores y productores la obligación de entregar de manera gratuita varios ejemplares de sus publicaciones a las respectivas bibliotecas nacionales. Tal obligación se refiere tanto a las obras impresas, como a las sonoras o a las audiovisuales.

La aparición en los últimos años de las publicaciones electrónicas ha planteado el problema de si éstas están sometidas o no al depósito legal obligatorio, ya que, debido a la antigüedad de éste, la mayoría de las leyes que lo regulan no las incluyen de manera explícita.

Ante esta situación se han producido dos actitudes distintas: algunos países han optado por modificar inmediatamente la ley, actualizándola e incluyendo específicamente las publicaciones electrónicas; otros, en tanto se lleva a cabo tal reforma, han hecho una interpretación amplia de la ley y han considerado que abarca a cualquier tipo de publicación, con independencia del procedimiento empleado para su producción.

En el primer caso se encuentra Noruega, que fue el primer país que promulgó una nueva ley de Depósito Legal para incluir todos los productos de información electrónica. Dicha ley, que entró en vigor en julio de 1990, establece que es materia de depósito legal toda publicación en formato electrónico de la que se pongan a disposición del público cincuenta o más ejemplares. Algo después han ido entrando en vigor leyes similares en países como Estados Unidos, Alemania y Francia. Por el contrario, países como Gran Bretaña o España no se han planteado formalmente todavía dicha reforma.

Problemas prácticos del cd-rom

Independientemente de los aspectos de carácter legal, hay un tipo de publicación electrónica, concretamente el cd-rom, cuyo depósito obligatorio plantea una serie de problemas prácticos que no es posible soslayar, y sin cuya resolución no se podrán alcanzar los objetivos perseguidos por la normativa del depósito legal.

Los productores de cd-rom se han mostrado hasta ahora muy reacios a ceder gratuitamente para su depósito ejemplares de los discos que ellos editaban, ya que estaban preocupados por el uso que se iba a hacer de ellos y la posible indefensión en que se iban a encontrar los derechos de autor de sus productos. En especial, les preocupa la posibilidad de que cualquier usuario utilice los cd-roms sin ningún tipo de restricciones, pudiendo llevar a cabo sin problema operaciones de downloading, ya sea en la propia sede de la biblioteca depositaria o incluso accediendo al disco a través de una red externa.

De hecho, estos problemas se han producido en la práctica, y los usuarios han podido acceder sin ningún tipo de control al contenido de los cd-rom depositados en Estados Unidos, donde desde 1991 es obligatorio el depósito legal de los cd-rom. Durante meses la Biblioteca del Congreso permitió su uso sin ningún tipo de limitaciones, lo que provocó un gran malestar en los productores y su negativa a seguir depositando ejemplares de los discos si no se tomaban las medidas oportunas para evitar tales abusos.

Además, otro factor que está impidiendo que el depósito se lleve a cabo de manera generalizada es el origen de los productores de cd-rom, que en su gran mayoría no proceden del mundo de la edición tradicional, por lo que en muchos casos desconocen incluso la propia existencia de la normativa del depósito legal.

La vía del acuerdo

Ante esta situación, los responsables de la LC, conscientes de que plantear las cuestiones desde una perspectiva puramente legal les conduciría a una larga batalla en los tribunales que, aunque finalmente les diera la razón, retrasaría considerablemente la disponibilidad efectiva de los productos en cd-rom, han optado por la vía del acuerdo con todas las partes implicadas.

Así, tras más de un año y medio de negociaciones, la Information Industry Association (IIA), la National Federation of Abstracting and Indexing Services (Nfais) y la Association of American Publishers han llegado recientemente a un acuerdo con la Biblioteca del Congreso sobre el depósito legal de los cd-roms. En él, junto con el establecimiento de la obligación de entregar a la Biblioteca del Congreso ejemplares de todos los cd-roms producidos dentro de los sesenta días siguientes a su publicación, se determinan una serie de normas que regulan el uso que se puede hacer de ellos.

Los aspectos más significativos de tal acuerdo podrían resumirse en los siguientes puntos:

  • los discos no se encontrarán nunca a la libre disposición de los usuarios, sino que éstos tendrán que solicitar su uso de manera explícita;
  • los productores podrán decidir entre que sus discos sean utilizados únicamente en estaciones de trabajo aisladas, sin acceso mediante red, o bien que se pueda acceder a ellos mediante una red local dentro de la Biblioteca del Congreso;
  • los productores podrán decidir si quieren o no permitir que los usuarios de la LC puedan llevar a cabo operaciones de downloading con sus productos;
  • los discos que vayan siendo sustituidos por otros que los actualizan deberán ser destruidos.

Esta vía de la negociación parece ser la más adecuada para conseguir que sean respetados los intereses de todos los implicados: las bibliotecas nacionales, sus usuarios y los productores de cd-rom. Así ha sido reconocido también en Francia, donde se ha considerado que sólo mediante una labor de comunicación y de persuasión podrá conseguirse que los miembros de la industria de la información electrónica cumplan correctamente con la normativa del depósito legal.

Situación en España

La legislación española sobre la materia data de diciembre de 1957, con algunas modificaciones poco significativas de 1971 y 1972, por lo que evidentemente no se hace una mención explícita a que los productos de información electrónica estén incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Sin embargo, una interpretación amplia, basada en el "espíritu" de la norma, nos permite asegurar que los cd-rom, como cualquier otra publicación, deben ser objeto de depósito legal.

Valga como prueba de que tal interpretación es correcta la ausencia de problemas con los productores de discos compactos de audio, que cumplen de manera escrupulosa con el depósito legal. Es decir, no es la producción por medio de la tecnología óptica la que determina que una publicación esté sujeta o no a la obligación del depósito.

Una de las dudas que plantea nuestra legislación actual es a quién corresponde efectuar tal depósito. La ley establece que el obligado es el impresor, tratándose de impresos, y el productor, tratándose de otra clase de obras. En el caso del cd-rom, si los consideramos como impresos, ¿correspondería efectuar el depósito al fabricante que lleva a cabo el proceso de estampación industrial? Si los consideramos como "otra clase de obras" no hay ningún tipo de duda. La responsabilidad sería del "productor".

Responsabilidad de la Biblioteca Nacional

Sin embargo, la realidad es que hoy por hoy no se está llevando a cabo el depósito legal de los cd-rom producidos en nuestro país. Fuentes de nuestra Biblioteca Nacional aseguran que existe la intención de modificar nuestra legislación de depósito legal aunque esta idea aún no se ha formalizado en un proyecto concreto para intentar corregir ésta y otras deficiencias ocasionadas por el largo período transcurrido desde su aprobación.

Consideramos que, con independencia de que se lleve a cabo la reforma de tal normativa, habría que iniciar una serie de contactos entre todas las partes implicadas con el fin de conseguir llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para los intereses de todas ellas.

Pensamos que la iniciativa debería partir de la Biblioteca Nacional, ya que no cumple con una de sus misiones básicas reunir toda la producción bibliográfica española, cualquiera que sea su soporte si no cuenta entre sus fondos con la cada vez más abundante producción en cd-rom.

Creemos, además, que el interlocutor más adecuado para asumir la defensa de los intereses de los productores de cd-rom podría ser la Asociación Española de Distribuidores de Información Electrónica (Asedie).

Colaboración de Juan Carlos Fernández-Molina, profesor de Documentación de la E. U. de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada

Eubd. Tel.: +34-58-24 39 43; fax: 24 39 45

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