El profesional de la información


Junio 1992

Bdds españolas y copyright

Por Jorge Páez Mañá

A raíz de un proyecto de Directiva de la CE (ver IWE-2 pág. 2), y de otras noticias recientes sobre copyright de las bases de datos (ver p. ej. IWE-1, pág. 4, y también nota de la EIIA en esta misma sección), IWE ha solicitado a Jorge Páez, Dr. en Derecho, coordinador de documentación científica del CSIC, un comentario sobre la situación legal de las bdds en España.

El régimen jurídico de las bases de datos (bdds) españolas tiene como marco la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de Noviembre de 1987 (aunque por ser más exhaustiva en parte aún sigue vigente la de 1879-el lector lee bien: mil ochocientos), que las considera como obras dignas de protección jurídica sin perjuicio, en su caso, de los derechos que ostenten los autores de las obras originales que constituyen sus fondos.

Este explícito reconocimiento permite a los titulares de las bdds reforzar la defensa de su derecho de explotación en exclusiva de la base, que comprende entre otros los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, obteniendo la especial protección que dicha ley otorga.

Esta protección puede asimismo incrementarse con las presunciones de veracidad establecidas para las anotaciones registrales, en los casos en que se inscriba la bdd en el Registro de la Propiedad Intelectual, facilitando el reconocimiento de la titularidad de la base al inscrito como tal en el Registro, y la adjudicación al mismo del derecho en exclusiva de su explotación.

Es conveniente registrar la propiedad intelectual

La inscripción registral, sin embargo, no es preceptiva en nuestro Ordenamiento Jurídico para la constitución de dichos derechos, que nacen en forma automática con la creación de la bdd y progresivamente van dando cobertura a los nuevos documentos incorporados a la misma.

A pesar de la voluntariedad de la inscripción, es conveniente realizarla para evitar los condicionamientos jurídicos que pueden impedir poder ejercer la defensa del derecho de explotación en exclusiva de la bdd. En efecto, en los casos de no inscripción de las bdds, esos condicionamientos exigen que cuando se alegue la existencia de apropiaciones ilegales del contenido de las mismas, deberá probarse de forma fehaciente tanto su titularidad como que el contenido de sus fondos en los períodos previos a la realización de dichos actos ilegales, coincidía con la información supuestamente apropiada.

Protección de las bdds españolas en el extranjero

El ámbito de aplicación de la citada Ley, que protege la creación y producción de bdds cuya titularidad sea atribuida a españoles o a extranjeros residentes en España, se circunscribe únicamente al territorio español, por lo que traspasado dicho umbral deja de tener eficacia, quedando la protección de dichas bdds sometida a los diferentes ordenamientos jurídicos de los terceros países desde los que se accede a las mismas.

A efectos de obtener una mayor protección de las bdds españolas en el extranjero y como complemento a los dos grandes acuerdos internacionales ratificados por España relacionados con la protección de obras literarias, artísticas y científicas Convenio de Berna (1886), revisado en Bruselas en 1948, y Convención Universal sobre Derechos de Autor de Ginebra (1952), la citada Ley autoriza la inclusión del símbolo de copyright (c) precediendo al nombre del titular de la bdd y al lugar y año de su producción, de forma tal que, a nivel internacional, quede de manifiesto que los derechos de explotación de la misma están reservados, debiendo solicitarse autorización expresa a su titular para cualquier utilización de la información obtenida de la bdd que exceda del uso privado del usuario final o que implique un aprovechamiento colectivo o lucrativo derivado de posteriores distribuciones o comercializaciones de la misma.

Usualmente el símbolo © suele indicarse en la primera pantalla de presentación de la bdd que se muestra a los usuarios de la misma, en su soporte físico (caso de bdds en cd-rom o similares) o en cada uno de los registros de salida de la información, solución esta última que va imponiéndose para evitar la posibilidad de que con la intervención de los centros de documentación que acceden a las bdds como intermediarios entre los distribuidores y los consumidores de la información, éstos, los usuarios finales de dichos centros, no perciban el aviso de la existencia del símbolo (c) de reserva de derechos de explotación, lo que les puede hacer creer que la documentación que reciben está jurídicamente desprotegida y que por tanto pueden libremente reproducirla, distribuirla o comercializarla sin ningún tipo de limitación.

Esta protección adicional de copyright permite a las bdds españolas acceder a la cobertura que otorga la Convención Universal de Ginebra en cada uno de los países firmantes, dentro del mercado internacional de la información automatizada en el que están inmersas.

Antes has tocado un problema espinoso que tengo entendido que en Eurolug, la asociación europea de grupos de usuarios online, ya ha salido varias veces pero al que nadie ha dado una respuesta. Has dicho: "...que exceda del uso privado...". ¿Significa esto que los intermediarios, o sea, los que hacen búsquedas para terceros, son "ilegales"?

- Realmente es un problema como para escribir un libro, porque efectivamente, las cláusulas de uso de algunas bdds prohíben taxativamente hacer búsquedas para terceros; pero todo el mundo sabe, y los propios productores más que nadie, que todos los intermediarios las vulneran, y suerte tienen los productores de bdds que así lo hagan, al menos mientras los sistemas de recuperación de información no se popularicen más.

El problema hay que enfocarlo de forma que los intermediarios actúen en representación de los clientes o usuarios finales. Pueden incluso ganar dinero con las búsquedas, pero deben ser éticos en cuanto que transmitan al cliente TODA la información de cómo se ha realizado la consulta, sin olvidar por ejemplo la estrategia de búsqueda seguida (desafortunada práctica que algunos centros siguen para evitar que el cliente pueda saber qué términos de indización se han empleado y pueda pedir responsabilidades si la búsqueda ha salido mal).

Jorge Páez Mañá. Cindoc. Tel.: +34-1-563 54 82; fax: 564 26 44

Enlace del artículo:
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1992/junio/bdds_espaolas_y_copyright.html